POR DANIEL BUTRUILLE
Al tiempo que las reglas de aplicación de la Transparencia se hacen cada día más opacas y confusas, bajo la indiferencia de una administración saliente que clara y llanamente ya no quiere saber nada, es loable el esfuerzo del Consejo Nuevo León de coordinar recursos académicos para capacitar los “testigos sociales” que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana deberán ser observadores y garantes de la limpieza de los procesos de adquisiciones y licitaciones de los tres niveles de gobierno. El esfuerzo es meritorio y señala un deseo de contribuir a la erradicación de la corrupción que invade generalmente los procesos públicos. Es necesario, pero sabemos que no es suficiente. Falta todavía que del otro lado de la mesa los gobiernos de todos niveles acepten esta vigilancia y supervisión y no inventen cuantas excusas se les ocurra para que los procesos se sigan haciendo en lo oscurito y a espaldas de cualquier testigo. ¿Cuántas operaciones se efectúan en secreto por motivos de “seguridad”? ¿Cuántas adquisiciones de supuestos insumos para ser usados por la policía y los diferentes grupos de “seguridad” se hacen en condiciones totalmente inaceptables y a escondidas de todos? ¡Si hasta el salario de la suegra del gobernador está registrado en “Seguridad” para permitir mantenerlo discretamente cubierto por la etiqueta de la secrecía! Bien por el Consejo Nuevo León y los nuevos “testigos sociales”. Pero, urge ponerse más estricto para evitar las movidas y los asaltos de los grandes corruptos de la función pública. Ellos, se las ingeniarán de cualquier forma. ¿Habrá que aplicar las recomendaciones del candidato Rodríguez Calderón para castigar las movidas ocultas? ¿Mochar o no mochar? butruilled@hotmail.com