POR DANIEL BUTRUILLE
El populismo, o cómo sea que se le quiera llamar a la coalición heteróclita encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no es más que una respuesta a la inconformidad generada por los malos gobiernos de los últimos sexenios y por la corrupción ilimitada que institucionalizaron, particularmente durante los últimos seis años. Y por el sistema de privilegios vergonzosos que protege una Nomenklatura voraz. En Nuevo León, en respuesta a dos sexenios de malos gobiernos y de corrupción sin control, echamos fuera a la partidocracia del poder ejecutivo para sustituirla por un gobierno inútil. Los electores no están arrepentidos de haber echado fuera a partidos corruptos. Sí, muy desilusionados de haber abierto espacios a una bola de inútiles poco productivos, que hasta el momento, no han mostrado capacidad para solucionar los problemas del estado. Y que, engaño más grave, tampoco han mostrado capacidad para erradicar la corrupción y la violencia, a pesar de sus promesas. Promesas incumplidas. El echar fuera malos gobiernos no garantiza dar entrada a buenos gobiernos. Echar fuera un gobierno que ha endeudado el país de forma criminal y transformado el pago de intereses en una carga tan pesada que ni permite inversiones productivas o de infra estructuras, no asegura que un nuevo gobierno no siga en este camino de facilidad que consiste a trasladar el problema para las generaciones futuras. Echar fuera un gobierno que utilizó la corrupción cómo sistema de gobierno, no garantiza que un nuevo gobierno tenga éxito en su combate a la corrupción, solamente porque promete limpieza, pero no promete hacer de la corrupción un motivo de castigo ni de sanciones severas. Tampoco promete quitarles lo robado a los ladrones. Echar fuera un sistema de gobierno que hizo de la compra del voto una herramienta institucional sostenida con recursos estratosféricos desviados de los estados y de los municipios, sin que esto sea considerado un crimen, más bien que sea considerado como una aportación a la estabilidad del régimen, no impide que el nuevo régimen sustituya esta compra del voto por otro mecanismo disfrazado de política social, cuyo costo, por ser más transparente no será menos destructor del progreso económico del país. Comprar el voto y comprar la voluntad de las personas mediante otros mecanismos de dadivas no es muy diferente, y el objetivo sigue siendo el mismo. La oferta electoral que tiene el país a su disposición no es muy atractiva. Se supone que el debate de mañana en Mérida debe portar sobre temas económicos. ¿Habrá alguna propuesta esperanzadora que no sea de más neoliberalismo o de más asistencialismo descarado e improductivo? ¿Alguno de los candidatos se acordará de la economía del conocimiento, de la innovación y de los emprendedores? Echar fuera un mal gobierno apoyado en un mal sistema político es necesario. ¿Los electores tendrán la capacidad y la tenacidad de dar seguimiento al gobierno que elegirán para impedir que sea peor que el gobierno saliente? butruilled@hotmail.com
