Por Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- El 12 de octubre de 2011, por mandato del Congreso de la Unión la Presidencia de la República promulgó el decreto de reformas a la Constitución Política Mexicana, para establecer expresamente el principio del interés superior de la niñez en los artículos 4 y 73, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 4.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…
Artículo 73.- El Congreso de la Unión tiene facultad:
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.
Dicha reforma constitucional se homologó hasta el 2 de diciembre del 2015 en el Artículo Tercero de la Constitución Política de Nuevo León.
El principio del interés superior de la niñez se estableció con base en la Convención sobre los Derechos de Niño de la ONU, para aplicarlo en todas las medidas que afecten a la niñez o vayan en contra de sus derechos de bienestar, supervivencia y crecimiento, así como para apoyar y asistir a madres, padres y personas responsables de las tareas cotidianas de cuidar y atender a la infancia.
El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos infantiles y constituye un mandato de observancia general para todos los gobiernos involucrados en un asunto de tal naturaleza. Es una disposición derivada de un Tratado Internacional del cual México forma parte, por lo que toda autoridad federal, estatal y municipal está obligada a cumplir con las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
Por ello, en toda contienda judicial en que se vean afectados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior conforme lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3.1: “En cualquier medida que tomen las autoridades deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño”.
Cualquier proceso que derive de una investigación judicial, la autoridad a cargo por ningún motivo debe afectar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, como tristemente nos está ocurriendo en los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad y en la Escuela Preparatoria Técnica “Gral. Emiliano Zapata”… menos aun cuando el trasfondo es político.
La fama pública de las personas e instituciones se cultiva a través del tiempo y se gana no sólo por hechos, sino por resultados. Los Cendis representan, hoy por hoy, el mejor modelo de educación temprana del mundo, con 47 premios a la calidad total y con el reconocimiento como Escuelas de Clase Mundial y de Referencia Mundial por parte de la OEA, de la OCDE y del Banco Mundial.
A Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR); a Alonso Israel Lira Salas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a Mauro Fernando Rodríguez León, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, les preguntamos ¿dónde quedó el interés superior de 7 mil niñas y niños de los Cendis con su arbitraria decisión de asegurar las cuentas bancarias para salarios, alimentos y operación? ¿dónde quedó el interés superior de 10 mil 800 adolescentes de la Prepa con su ilegal decisión de asegurar las cuentas bancarias de las aportaciones escolares de mamás y papás? ¿Será justo que la PGR mantenga una persecución política contra quienes han impulsado nobles proyectos educativos desde hace 27 años, enfrentando múltiples trabas e incomprensión gubernamental?
Los Cendis son un modelo educativo de calidad probada, dedicados a la niñez más vulnerable y a las madres trabajadoras que con su sacrificio diario aportan a una sociedad más productiva y de mayor desarrollo humano, mientras tanto los verdaderos delincuentes siguen en el paraíso o ¿nos equivocamos?
¿Ustedes juzguen?
