FEMINICIDIO INFANTIL E IMPUNIDAD

FEMINICIDIO INFANTIL E IMPUNIDAD

POR LUPITA RODRIGUEZ

Monterrey.- El principal problema que niñas, niños y adolescentes enfrentan para la protección de sus derechos en nuestro país, es que siguen siendo un grupo de la sociedad históricamente discriminado y sus necesidades específicas todavía son invisibles dentro de los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia.
La situación vulnerable de la niñez en el contexto de inseguridad y violencia que atraviesa México y, en especial, Nuevo León, quedó en dolorosa evidencia con el rapto y asesinato de Ana Lizbeth, niña de ocho años de edad, la semana pasada en el municipio de Juárez.
Los factores estructurales que afectan de forma negativa la protección de los derechos infantiles se encuentran tan arraigados, que se agravan cada vez más por la falta de capacidad para protegerlos como grupo poblacional.
Ahora no solamente son los impactos negativos por la violencia armada derivada de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, tales como homicidios violentos, desapariciones, desplazamientos y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sino también los impactos en su vida cotidiana, tal y como ocurrió en el caso de Ana Lizbeth en plenas vacaciones escolares.
Se trata de un caso que pone nuevamente en evidencia la falta de efectividad de los mecanismos de búsqueda e investigación para localizar niñas, niños y adolescentes, especialmente en municipios con altos índices de feminicidios e impunidad.
Cabe recordar que en el municipio de Juárez se emitió la declaratoria de alerta de género desde el año antepasado, debido al terrible incremento de mujeres desaparecidas, asesinadas y violentadas, lo cual también deja en evidencia el resultado ineficaz de este tipo de medidas para disminuir las agresiones y la violencia contra niñas.
Queda claro que los protocolos de seguridad y los procedimientos de búsqueda e investigación se dilatan, en la mayoría de los casos, porque existe una mirada casi invisible hacia las niñas, la cual está presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestras comunidades y, lamentablemente, en las instituciones de seguridad y de justicia.
A pesar de la reforma al marco jurídico para proteger los derechos de la niñez, llevado a cabo en los últimos años con la finalidad de transitar hacia un esquema más ágil que garantice la protección y la prevención, no se ha logrado que el acceso a la seguridad y a la justicia de niñas, niños y adolescentes sea efectivo, en gran medida porque las autoridades y sus sistemas no reconocen las características propias de la población infantil como un sector socialmente vulnerable, ni tampoco adoptan todas las estrategias para prevenir, proteger y restituir sus derechos cuando son víctimas de delito.
De acuerdo con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, además de ser derechos en sí mismos, constituyen la vía para tutelar otros derechos humanos.
Por ello, el grado de efectividad que tengan las recién creadas fiscalías especializadas para garantizar seguridad y procurar justicia en casos de niñas víctimas del delito, no sólo es de particular transcendencia para proteger y restituir sus derechos, sino para prevenir cualquier otra amenaza en el futuro.
Es vital que exista coordinación entre todas las autoridades que integran los sistemas de seguridad y de justicia, de modo tal que los protocolos de alerta sean efectivos para proteger y resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo urgente que se adopten y difundan las medidas necesarias para salvaguardar su vida y prevenir su integridad física ante cualquier riesgo que delitos, con el fin de evitar que se transgreda su salud y, por el contrario, se garantice su bienestar.
Para lograr todo lo anterior, el interés superior de la niñez debe ser considerado como lo que es: el principio de mayor rango constitucional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el desafío social de erradicar los delitos contra la población infantil, desafío que empieza con la gran responsabilidad de la madre y del padre de no perder de vista a sus menores hijas e hijos en el propio hogar.

Roberto Guillen

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