POR DANIEL BUTRUILLE
Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores. La irracionalidad se transformó en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿qué le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores? Queda una institución trabajosamente estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respetos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene como objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen qué hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados, está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las órdenes del jefe (o socio). Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. ¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, éste es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe? butruilled@hotmail.com
