RAÚL A. RUBIO CANO
Isabella, 10 años y Arabella, 7 años, ciudadanas canadienses, han sido retenidas por su madre y abuela peruanas en una residencia privada, tras puertas cerradas y paredes altas en Mérida, Yucatán, México, durante la mayor parte de los últimos 11 meses. A lo largo de ese tiempo, a Nathan Boersma, el padre de las niñas, le ha sido permitido verlas por al menos unas pocas horas por ocasión o en fines de semana, en una casa de seguridad normalmente utilizada para albergar niños delincuentes o abandonados. Resulta, que lo que comenzó como un negocio familiar para comprar, restaurar y vender propiedades en Yucatán, se ha transformado en una fea batalla de estira y afloja entre Nathan y Soraya Elizabeth Lujan Berger, madre de las niñas, por las hijas que ambos procrearon, dejando a las niñas a merced del sistema judicial mexicano, tal como se aplica en Yucatán. Desafortunadamente, este sistema judicial no sirve a los mejores intereses de Isabella y Arabella. Un poco de historia. Nathan y Soraya se conocieron en línea en una página web cristiana, en 2007.Tras un par de años de correos electrónicos y llamadas telefónicas, Soraya fue a Canadá de visita, y unos pocos meses después Nathan viajo a Perú. En el otoño de 2009, Soraya visitó a Nathan de nuevo en Canadá y le dijo a Nathan que estaba embarazada y que sus amigos en Perú le instaban a que abortara. La pareja se casó en una ceremonia privada y estableció su domicilio en Canadá. Después de vivir por dos años en Canadá. Soraya aplicó para obtener su residencia permanente canadiense. Ellos visitaron Perú por periodos cortos de tiempo para el nacimiento de cada una de sus hijas, pero las educaron en Canadá, declararon impuestos ahí, y se beneficiaron del sistema de salud canadiense y sistemas de los beneficios-infantiles. Sin embargo, el amor de esa pareja se acabó en la primavera de 2019, una vez que quedó en claro sus diferencias irreconciliables, Soraya y Nathan comenzaron a discutir una disolución amistosa, pero Soraya repentinamente detuvo su comunicación con Nathan y, para abril de 2019, cortó completamente sus comunicaciones con las niñas. En agosto del 2019, Nathan presentó solicitud de divorcio en Ontario. Además, en agosto de 2019, Nathan fue referido por el Ministerio de Justicia de Toronto a su equipo legal actual, quien requirió el regreso inmediato de Isabella y Arabella a Canadá, en base a la Convención de la Haya en los Aspectos Civiles de Secuestro Infantil Internacional. Las más de 100 Naciones que firmaron dicha Convención, incluido México y Canadá, acordaron que es en la búsqueda de los mejores intereses de los niños, que la decisión relativa a su custodia será hecha de acuerdo con su país de residencia habitual. Como tal, el requerimiento es puramente jurisdiccional, esto es, decidir qué país es la residencia habitual del infante, una decisión que debe ser hecha dentro de las seis semanas tras la presentación de la demanda. Cualquier excepción a este recurso de devolución inmediata debe ser interpretada de manera limitada para que dicha excepción no sobrepase la regla general. Los dos integrantes del equipo legal de Nathan, integrantes de la organización Niños Primero (Children First, por su nombre en inglés), Mariano Enrique Núñez Arreola de México y Gary Caswell de Texas, con toda credibilidad, han manejado más casos de la Convención involucrando a México que cualquier otro abogado, en cualquier lugar del planeta. Ellos han procesado en los últimos años, el regreso de niños de México a Canadá, los Estados Unidos, y Alemania, así como también de muchos niños hacia México, principalmente desde los Estados Unidos. De acuerdo con Caswell, la actuación de México bajo la Convención sobre los pasados 10 años ha sido inconsistente, con un incremento en el número de casos en los cuales la Convención no ha sido correctamente aplicada o ha sido completamente ignorada, o en el cual el Sistema judicial mexicano por sí mismo ha sido abusado por los abogados del secuestrador, principalmente a través del impropio uso del “Amparo”. Un Amparo es un procedimiento legal provisto por la Constitución de México para prevenir que los oficiales de gobierno y a las agencias no violen los derechos individuales consagrados bajo la Constitución. Caswell cree que parte del problema es que, a diferencia de los Estados Unidos, México no tiene ley que asista a las cortes al aplicar e interpretar la Convención. La mayoría de los casos caen en cortes mexicanas de lo familiar, en las cuales los instintos naturales de dichos jueces tienden a realizar consultas inmediatamente hacia los mejores intereses de los niños. Caswell continua, “Yo creo que la acción ejecutiva que está emplazando la Convención de la Haya está justificada en este caso. En vista de la pandemia del Covid-19 y considerando que el Primer Ministro canadiense Trudeau ha solicitado a los ciudadanos de ese país volver a casa, yo intentaré hacer llegar un mensaje de emergencia, para ser enviado a través de los canales diplomáticos al presidente López Obrador, pidiendo que ordene que Isabella y Arabella sean regresadas a Canadá. Las niñas son canadienses. Ellas y su madre no son mexicanas. Isabella y Arabella necesitan estar en casa en Canadá donde ellas han vivido la mayor parte de sus vidas”. Nosotros cuestionamos: ¿Dónde está la Justicia mexicana, para este tipo de casos, dentro de los nuevos contextos del avance de la 4T? ¡Órale! raurubio@gmail.com
