«HUACHICOLEROS» DE ARRIBA
LUPITA RODRIGUEZ
Monterrey.- El plan anunciado durante tres campañas presidenciales y emprendido a partir del 28 de diciembre de 2018 por Andrés Manuel López Obrador, es el ataque frontal contra la corrupción en Pemex que el pueblo de México tanto esperaba y debe proseguir en la CFE, IMSS, ISSSTE e INE, así como en todo el aparato gubernamental de los tres poderes y niveles de gobierno.
A pesar de las dolorosas tragedias humanas, recientes y pasadas, la estrategia puesta en marcha por el nuevo Gobierno Federal para combatir el robo de combustible cuenta con el decidido apoyo popular para erradicar la ordeña de gasoductos y poder acabar con los autores intelectuales y materiales que han hecho del ‘huachicoleo’ una empresa muy productiva, aprovechándose de pobladores rurales y en condiciones de pobreza.
Es decir, intervenir a fondo y rescatar de la corrupción a la industria petrolera en particular y al sector energético en lo general, problema que se convirtió en un lastre para Pemex y la CFE con la llegada de los gobiernos neoliberales en 1984 y que se extendió como cáncer con la imposición de las reformas energéticas de Felipe Calderón Hinojosa (2008) y de Enrique Peña Nieto (2012), reformas anticonstitucionales, privatizadoras y extranjerizantes en realidad.
Por ello, se deben mantener firmes las acciones de combate frontal e integral contra la corrupción e impunidad gubernamental, quizá nuestro principal problema estructural, el cual va de mano con la pobreza y la desigualdad, así como con la inseguridad y la delincuencia, en cuyo combate debemos participar toda la ciudadanía tope hasta donde tope.
Tal y como lo propone el Presidente de México, se hace necesario convocar nuevamente al debate nacional sobre el diagnóstico del sector energético y sobre los fines políticos, sociales y económicos que se tienen que buscar con Pemex y la CFE para bien de los intereses de la nación mexicana, así como los medios y las decisiones adecuadas para realizar eficazmente dichos fines en la compleja realidad mundial.
Se hace necesario, sobre todo, desmontar y que caigan cada una de las falacias de la reforma energética, que nos vendieron como si fueran de interés nacional, cuando son los mismos intereses extranjeros expulsados hace 70 años del país, tras la expropiación petrolera ejecutada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.
Nos referimos a las falacias respecto a…
1.- La competitividad nacional del sector energético que promueven los intereses geopolíticos extranjeros;
2.- La supuesta falta de recursos para la inversión por parte del Estado Mexicano;
3.- La persistente versión de que Pemex y la CFE son ineficientes y que su privatización generará beneficios superiores;
4.- La urgente necesidad de invertir en aguas profundas y explotar el nuevo tesoro del gas lutita (gas shale);
5.- La insistencia en dar prioridad a la inversión para la extracción de crudo y su exportación sin valor agregado;
6.- Los argumentos para no invertir en refinación, petroquímica y recuperación del gas asociado;
7.- El propalar que la inversión y control privado en hidrocarburos y electricidad son la única vía para mejorar la eficiencia en la administración y gestión de las paraestatales y,
8.- El señalar que la privatización se debe llevar a cabo a toda costa para beneficiar al país.
Lo único que han provocado las contrarreformas energéticas de Calderón Hinojosa y de Peña Nieto es incrementar la transferencia de la renta petrolera hacia las empresas extranjeras y repercutir negativamente en las finanzas del país, debido a que los gobiernos del PRI y del PAN simularon combatir la corrupción en Pemex y en la CFE, al involucrarse en su saqueo y coludirse en las multimillonarias inversiones y contratos (los sobornos de Odebrecht y de Oceanografía son tan sólo los casos más recientes), dando rienda suelta para que los actos de corrupción e impunidad se generalizaran entre los altos funcionarios y de nivel medio, así como entre dirigentes sindicales y trabajadores allegados.
Esas y muchas otras situaciones, como los recurrentes “gasolinazos”, desde hace tres sexenios detonaron el surgimiento de los “huachicoleros”, que hicieron de las perforaciones ilegales y de las tomas clandestinas de los gasoductos su “modus operandi” y su “modus vivendi” para el robo de combustible, delito que alcanzó casi los mismos niveles que el tráfico de drogas en el país y que al año representa una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos.
No basta con reformar el artículo 19 constitucional, para que el robo de combustible sea tipificado como delito grave; es decir, sin derecho a fianza. La lucha contra la corrupción implica combatirla desde adentro del Poder y al interior del propio Pemex y de la CFE, así como terminar con los “huachicoleros”, sobre todo los de arriba.